Discurso de ingreso: ‘Clasicidad y actualidad de la acción popular’

Las acciones populares tienen su origen en la Atenas clásica, y su desarrollo en la República romana, en la que la legitimación procesal popular alcanzó un grado de desarrollo tan amplio que no ha vuelto a preverse con ese alcance en la regulación posterior de ningún Ordenamiento jurídico.

En el antiguo derecho romano el civis se identificaba con el populus, como parte integrante y activa del mismo, por lo que se consideraba que la lesión de un interés público afectaba de forma directa al interés de cada uno de los ciudadanos en particular, por lo que quedaban legitimados para proceder a su tutela o persecución mediante el ejercicio de un interdicto o una acción popular, a lo que se hace referencia en las fuentes con distintas expresiones como utilitas publica, utilitas omnium, utilitas universorum, utilitas communis y utilitas rei publicae causa.

La actual acción popular, prevista en el artículo 125 de la Constitución española, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley del Suelo, entre otros textos legales, no debe ser entendida como un mecanismo jurídico de fiscalización de la acusación pública sino, como se afirma en la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como una institución que abre el proceso penal a una percepción de la defensa de los intereses sociales emanada, no de un poder público, sino de cualquier ciudadano que propugne una visión alternativa a la que, con toda legitimidad, suscribe el Ministerio Fiscal.